Bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus satélites no se detienen en el impulso de normas que facilitan la corrupción, el crimen organizado y la violación de los derechos humanos.

El Congreso dominado por los partidos de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña ya lleva en la cuenta doce leyes que favorecen a la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Hubo presión ciudadana en algunos casos, pero ninguna de las leyes cuestionadas ha sido derogada en su integridad. Solo hubo reajustes con trampas.

El grupo Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, tiene un rol preponderante para estos fines desde la presidencia de la Comisión de Constitución. El partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, hace lo propio desde la Comisión de Justicia. Y Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, mantiene la presidencia del Congreso. Esta trilogía de roles en la conducción del Congreso y la suma en los momentos de votación han facilitado las normas polémicas que a continuación reseñamos.

Ley de impunidad Soto

La primera ley que sacaron fue aquella que permitió a Alejandro Soto salvarse de un juicio por estafa (ley Soto 31751). La norma redujo de manera antojadiza los plazos de prescripción y el congresista acuñista se acogió de inmediato. Luego surgieron políticos como Vladimir Cerrón o José Balcázar, que también pidieron beneficiarse con esta norma, pero el Poder Judicial decidió inaplicarla.

Colaboración ineficaz

Otra norma grave es la ley 31990, que reduce los plazos en los procesos de colaboración eficaz. Gracias a esta contrarreforma penal, la Fiscalía tiene un plazo ajustado de 12 meses, para corroborar hechos delictivos basados en testimonios de los colaboradores. El tiempo es de 16 meses para casos complejos de crimen organizado, lo cual también supone un plazo muy limitado. Esta ley fue aprobada con votos de APP, Perú Libre, Fuerza Popular y otras satélites.

Adicionalmente, el Congreso aprobó la ley 32054, que excluye a los partidos de responsabilidad penal. Esta norma beneficia a Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú, que enfrentan investigaciones por organización criminal. Van cinco.