Un reporte periodístico identifica a postulantes con antecedentes por corrupción y violencia familiar que integran listas para el Congreso y la Presidencia
Un total de 252 candidatos inscritos para participar en las Elecciones 2026 registran sentencias penales vigentes por diversos delitos en el sistema judicial. Los postulantes aspiran a ocupar cargos en la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
La información recopilada detalla que las faltas cometidas incluyen delitos de corrupción, violencia familiar, agresión sexual, hurto y estafa. Asimismo, se detectó que 36 de estos ciudadanos cuentan con dos o más sentencias firmes al momento de su inscripción oficial.
La agrupación política Podemos Perú lidera la relación de candidatos con antecedentes judiciales al registrar 19 postulantes con sentencias vigentes. Le sigue Fuerza Popular con 15 candidatos en la misma condición y Alianza para el Progreso con un total de 14 inscritos.
Otras organizaciones con presencia en esta lista son Perú Primero, Obras y Perú Libre, que presentan 12 candidatos sentenciados cada una. Canal N pudo conocer que los delitos de omisión a la asistencia familiar también figuran de manera recurrente en las hojas de vida presentadas.
El Jurado Nacional de Elecciones informó que la existencia de una sentencia penal no determina necesariamente la exclusión automática de una candidatura. La autoridad electoral debe evaluar la naturaleza del delito cometido y si la condición de la pena es calificada como irrecuperable según la ley vigente.
Los órganos desconcentrados del ente electoral realizan la fiscalización de las hojas de vida para verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad. El proceso de tachas y exclusiones continúa en marcha para depurar las listas finales que participarán en la contienda del próximo año.
Los registros judiciales de los candidatos comprenden una variedad de ilícitos penales que afectan la administración pública y el ámbito familiar. Entre los casos más graves se reportan sentencias por peculado y colusión, además de agresiones tipificadas contra la libertad sexual y la integridad física.
