El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar la norma impulsada por el Congreso que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial. El organismo advirtió que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios, independientes e imparciales.

La ONU exhortó al Perú a no aprobar la ley que favorecería la impunidad de policías y militares. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar el proyecto que otorga a la jurisdicción militar-policial la facultad de investigar y juzgar posibles violaciones de derechos humanos. El organismo recordó que este tipo de casos debe permanecer bajo competencia de la justicia ordinaria.

El mensaje fue difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, señaló la entidad en sus redes sociales. La advertencia se produce cuando el Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su futuro.

La observación de Naciones Unidas se dirige a una propuesta legislativa aprobada en primera votación por el Parlamento el pasado 12 de junio. El texto modifica el Código Penal Militar Policial y establece que policías y militares no podrán enfrentar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. Además, dispone que determinados casos sean resueltos dentro de este último fuero.

La iniciativa recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El proyecto contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular. En contraste, legisladores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos que tendría la norma para la rendición de cuentas en casos que involucren a agentes del Estado.