Especialistas señalan la complicidad del Poder Ejecutivo y del Congreso para facilitar la expansión de la minería ilegal en el país. Cuestionan las normas que amplían el Reinfo y favorecen al crimen organizado.

El reciente asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz ha puesto en evidencia la escalada de violencia que atraviesa esta provincia de la sierra de La Libertad, en cuyo territorio, las organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro. Grupos como "Los Pulpos" o "La Jauría" operan bajo el manto de impunidad que les otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Como se recuerda, el Reinfo fue creado en el 2002 mediante la Ley N° 27651 con el objetivo de que los pequeños mineros y mineros artesanales legalicen sus actividades extractivas, lo cual implicaba un cambio de práctica que no contamine el ambiente ni dañe la salud. No obstante, el proceso de formalización minera ha sido complejo, cambiante, con muchas regulaciones, restricciones presupuestales y sujeto a presiones políticas y sociales.

Veintidós años después, la norma sigue vigente luego de cinco ampliaciones y la última prórroga que aprobó el Parlamento en noviembre del año pasado. Pero los resultados son evidentes: hasta la actualidad, apenas el 2,4% ha alcanzado la formalización, 3% han sido excluidos del Reinfo, 21% mantienen su registro, mientras que el 79% están suspendidos. Lo que ha ocurrido es que esta herramienta se ha convertido en un manto de impunidad para que las mafias no sean procesadas penalmente bajo la excusa de estar en proceso de legalizarse.